Tras un ciclo de audiencias, los 71 miembros de la comisión especial de la Asamblea Nacional analizarán hasta el viernes las 1.900 enmiendas presentadas por representantes electos de todas las tendencias para modificar el texto del Gobierno, como antesala de su llegada el 27 de mayo al hemiciclo.

¿CUIDADOS PALIATIVOS MEJORADOS?

En debate está la introducción en la ley de la noción de "cuidados de acompañamiento", que es más amplia que la de "cuidados paliativos", ya que también incluye los "cuidados de confort" o "cuidados de apoyo", como la atención nutricional o la asistencia a la práctica de una actividad física. El proyecto de ley prevé un "plan de apoyo personalizado" que se ofrecerá a los pacientes tan pronto como se diagnostique una enfermedad grave.

Los debates fueron una oportunidad para que la oposición aprobara enmiendas a favor de garantizar el acceso a los cuidados paliativos, puesto que una de cada dos personas no tiene acceso a ellos hoy en día y 22 departamentos no tienen una oferta hospitalaria de cuidados paliativos.

La comisión aprobó una enmienda del diputado socialista Jérôme Guedj a favor de una "repartición" de la atención que "garantice el acceso equitativo a las personas enfermas". Y otra del diputado derechista (Los Republicanos, LR) Thibault Bazin, con el objetivo de crear un "derecho exigible" a beneficiarse de los cuidados paliativos. Los diputados también aprobaron la obligación del Gobierno de definir una "estrategia decenal de los cuidados de acompañamiento".

"El hecho de crear un derecho no genera los presupuestos que nos harán avanzar", replicó la ministra de Salud, Catherine Vautrin, que destacó la estrategia decenal del Gobierno a favor de un aumento de los cuidados paliativos, con 11 departamentos más cubiertos en 2024, y todos en 2025. Esta estrategia prevé aumentar el gasto público en cuidados paliativos de 1.600 millones de euros en 2023 a 2.700 millones de euros en 2034.

LA "AYUDA PARA MORIR", UN TEMA COMPLEJO

La semana pasada, Vautrin había elogiado un "texto equilibrado" que "ha sido objeto de una convención ciudadana, de mucho trabajo previo". Su aspecto más sensible introduce la posibilidad de que algunos pacientes pidan ayuda a un médico para suicidarse, a través de una sustancia letal que ellos mismos se administrarían o que un tercero podría administrarles si no pueden hacerlo.

Aunque se espera que la izquierda y el campo presidencial aporten el grueso del apoyo al proyecto de ley, ante la hostilidad reinante en la derecha y la extrema derecha, los debates parlamentarios no se reducirán a las tradicionales divisiones, sino que se expresarán voces a contracorriente en los diferentes grupos políticos.

Varios puntos del proyecto de ley prometen ser debatidos intensamente, en particular los criterios establecidos en el texto para poder acceder a este dispositivo. Algunos diputados discutirán el hecho de que hay que ser mayor de edad: algunas enmiendas proponen reducir el umbral a 13 o 15 años, otras elevarlo a 20 años.

La necesidad de que el pronóstico vital del paciente sea comprometido "a corto o medio plazo" es uno de los puntos más controvertidos, ya que algunos consideran que restringe demasiado el alcance de la reforma, mientras que otros la consideran demasiado amplia. Los términos de la autorización médica y el lugar de las directivas anticipadas en el dispositivo también estarán en el centro de los debates.

El texto establece que un médico, una enfermera o una "persona voluntaria" designada por el paciente puede ser responsable de administrar la sustancia letal. Pero diputados de todas las tendencias quieren prohibir cualquier intervención de un tercero, mientras otros quieren excluir que un cuidador pueda "causar la muerte", y otros que el voluntario pueda ser un familiar del paciente.

Por:RFI con AFP